Gobierno propone cambios profundos en subsidios de energía y reestructura la CREG

El Ministerio de Minas y Energía alista un borrador de proyecto de ley que promete transformar el sistema de subsidios de energía y la estructura de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La propuesta será presentada este jueves en Valledupar y plantea cambios significativos que impactarán tanto a los usuarios residenciales como a los pequeños comercios.

Una de las medidas más relevantes del proyecto es que los usuarios de estratos 4, 5 y 6, junto con los pequeños comercios regulados, asumirían el pago de la deuda de la opción tarifaria, una herramienta utilizada durante la pandemia para mitigar el alza de las tarifas y que hoy asciende a 2,9 billones de pesos. De ese total, 2,5 billones corresponden a usuarios de los estratos 1, 2 y 3.

El giro en la política pública es claro: lo que antes se contemplaba como una deuda a cargo de la Nación ahora recaería sobre los hogares con mayor capacidad de pago. Según el borrador, la CREG tendría un mes para definir cómo se distribuirán los saldos una vez el Congreso apruebe el proyecto.

Otra de las transformaciones clave es que los subsidios de energía y gas dejarían de asignarse por estrato socioeconómico y pasarían a ser otorgados con base en el Sisbén. Actualmente, los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios de entre el 15 % y el 60 % sobre el consumo básico, pero estos beneficios podrían desaparecer si se supera un límite de consumo. Hogares que gasten más energía que el promedio de los estratos altos podrían perder el subsidio o incluso ser reasignados a un nivel con tarifas plenas.

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Durante un período de transición de seis meses, los usuarios tendrán tiempo para ajustar su consumo. Además, el proyecto contempla la posibilidad de restitución condicionada del subsidio para quienes cumplan con ciertos criterios sociales aún por definir.

Entre otras medidas, el Gobierno busca prohibir que se cobren tasas, impuestos o contribuciones no relacionadas con el servicio eléctrico en la factura de energía. Municipios y departamentos tendrían un año para modificar sus normas y cumplir con esta disposición.

El borrador también contempla una profunda reestructuración de la CREG, que actualmente opera con menos comisionados de los requeridos por ley. La nueva composición incluiría cinco expertos técnicos, un representante académico designado por el presidente, y representantes de los usuarios y de los sindicatos, estos últimos elegidos por concurso público.

Se eliminaría la reelección, se flexibilizarían los requisitos académicos y se reduciría de seis a cinco años la experiencia exigida. También se aceptaría experiencia como docente, asesor o investigador en temas energéticos.

Este conjunto de medidas, aunque no representa una reforma estructural, ha sido calificado como una “mini reforma” de los servicios públicos. El impacto de la propuesta será materia de debate entre gremios, usuarios y legisladores en las próximas semanas.

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