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Gobierno acaba subsidios de Mi Casa Ya para vivienda nueva y los redirige a vivienda usada
Con el Decreto 775, el Gobierno enfocará los subsidios en vivienda usada para víctimas del conflicto, recicladores, madres comunitarias y población en reincorporación.

Desde diciembre de 2024, el Gobierno nacional suspendió la asignación de nuevos subsidios para la compra de vivienda nueva a través del programa Mi Casa Ya. Esta decisión se mantendrá por lo que resta del actual mandato presidencial, como parte de un giro en la política de vivienda social que prioriza la adquisición de vivienda usada, mejoramiento del hogar y vivienda rural.
Así lo anunció el ministerio de Vivienda mediante el Decreto 775 de 2025, con el que se autoriza la entrega de subsidios a poblaciones vulnerables como víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación, madres comunitarias y recicladores de oficio. Estos beneficiarios podrán acceder a subsidios para adquirir vivienda usada en zonas donde no haya suficiente oferta de vivienda nueva de interés social.
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Los requisitos para acceder al subsidio son: tener una clasificación del Sisbén IV entre los grupos A1 y D20, no ser propietario de vivienda en Colombia, no haber recibido previamente un subsidio de vivienda del Estado (salvo por mejoramiento o arriendo), no haber accedido a coberturas de tasa de interés, y contar con un crédito aprobado para la compra del inmueble.
El monto del subsidio varía según el grupo del Sisbén. Para quienes están clasificados entre A1 y C8, el subsidio podrá ser de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV), es decir, alrededor de $42,7 millones. Para quienes están entre C9 y D20, el apoyo será de hasta 20 SMLMV, cerca de $28,5 millones.
La vivienda usada a adquirir no podrá superar el tope de valor de una vivienda de interés social (VIS), es decir, aproximadamente $213 millones.
Esta medida está dirigida específicamente a las siguientes poblaciones: Víctimas del conflicto armado registradas en la UARIV, personas en proceso de reincorporación activas en bases de datos de la ARN, madres comunitarias certificadas por el ICBF y recicladores de oficio registrados ante la Superintendencia de Servicios Públicos o el sistema dispuesto por el ministerio de Vivienda.
Con este nuevo enfoque, el Gobierno busca ampliar el acceso a vivienda digna a sectores históricamente marginados, utilizando el mercado de vivienda usada como alternativa frente a la limitada oferta de vivienda nueva en varias regiones del país.
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