Fitch Ratings advierte que los pasivos de Air-e amenazan la estabilidad del sistema eléctrico colombiano

La agencia calificadora Fitch Ratings alertó que los crecientes pasivos de la empresa de distribución eléctrica Air-e, intervenida por el Gobierno colombiano en septiembre de 2024, representan un riesgo para toda la cadena energética del país.

En un informe emitido el 30 de abril de 2025, Fitch advirtió que la acumulación de deudas, que ya rondan los COP 2 billones (unos USD 470 millones), ha generado preocupación entre los actores del sector, especialmente en las empresas de generación, transmisión y distribución. Esta situación ha sido agravada por un mandato gubernamental que impide restringir el suministro eléctrico a Air-e como medida ante los retrasos en los pagos.

Entre las empresas más expuestas se encuentra TermoCandelaria Power S.A. (BB/Positive), con una deuda pendiente de aproximadamente USD 102 millones, de los cuales más de la mitad se acumularon tras la intervención. Aunque Fitch prevé que esta exposición podría reducirse con la normalización de las condiciones hidrológicas, advierte que la incertidumbre se mantiene.

También se encuentran afectadas Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) y Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., ambas con calificación BBB/Negativa, que presentan provisiones post-intervención de cerca de USD 40 millones y USD 12 millones respectivamente, derivadas de sus operaciones en transmisión.

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Empresas Públicas de Medellín (EPM), con una deuda por cobrar de USD 38 millones por parte de Air-e, también enfrenta riesgos, en especial su subsidiaria Afinia, que se encuentra debilitada y es acreedora de al menos USD 7 millones.

A pesar de la crítica situación, Fitch considera que no existen riesgos inmediatos de liquidez para estas compañías debido a sus sólidos flujos de caja actuales. No obstante, advirtió que si los retrasos en los pagos persisten, podrían surgir presiones sobre el capital de trabajo y las necesidades financieras futuras.

Air-e, que atiende a cerca de 1,2 millones de usuarios en la región Caribe y representa el 11,5% de la demanda total de energía del país, fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos debido a sus elevados niveles de pérdida de energía, baja recaudo y alta exposición al mercado spot en un contexto de precios elevados.

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