Empresa Air-e dejará de incluir la tasa de seguridad en las facturas de energía en el Atlántico

La compañía de energía Air-e informó recientemente que ya no continuará recaudando la tasa de seguridad a través de la factura del servicio de energía eléctrica en el departamento del Atlántico.

Esta medida, según representantes de la empresa, tiene como objetivo modificar la forma en que se percibe dicho recaudo, el cual ha generado inconformidad entre numerosos usuarios del servicio en esta región del país.

El anuncio fue realizado por la agente interventora de la compañía, Diana Bustamante, quien indicó que la entidad adelanta acciones administrativas para suprimir de manera definitiva el cobro correspondiente a la tasa de seguridad.

Según lo explicado por la vocera, el valor adicional que representa este concepto implica un incremento que puede superar el 10 % del monto total que cancelan los usuarios en cada ciclo de facturación.

La eliminación de este cobro ha derivado en una serie de cuestionamientos relacionados con el mecanismo que se utilizará para continuar recaudando los recursos asociados a dicha tasa, cuyo destino está vinculado con actividades logísticas y operativas de la Policía en el departamento y en su capital, Barranquilla.

Entre los gastos que se cubren con estos fondos figuran, por ejemplo, el suministro de combustible para los vehículos oficiales y otras necesidades relacionadas con el funcionamiento de la fuerza pública.

En diálogo con medios de comunicación, voceros de Air-e afirmaron que la intención de la empresa es retirar la tasa de la factura eléctrica, de modo que la compañía no actúe más como intermediaria en su recolección.

No obstante, aclararon que la responsabilidad sobre la continuidad del cobro, así como sobre la definición de los sectores sociales que deberán asumirlo y el medio por el cual se ejecutará la recolección, recae exclusivamente sobre el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa, y los miembros de la Asamblea Departamental.

La empresa reiteró que, mientras no exista una nueva directriz de carácter oficial emitida por las autoridades departamentales, se mantiene en proceso la retirada progresiva del concepto en mención.

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Esto significa que, en un futuro próximo, las facturas de energía incluirán únicamente el costo correspondiente al consumo de electricidad y los cargos asociados directamente al servicio, sin conceptos externos como la tasa de seguridad.

Por su parte, sectores de la ciudadanía han expresado su inconformidad con el pago obligatorio de este tipo de impuestos a través de servicios públicos domiciliarios.

Muchos consideran que, pese a los aportes realizados para el fortalecimiento de la seguridad, los niveles de criminalidad y violencia en distintas zonas del departamento no han disminuido, por lo que el destino y la efectividad de los recursos recaudados han sido objeto de cuestionamientos.

Este debate no es nuevo en el contexto de la facturación de servicios públicos en Barranquilla y el Atlántico. De hecho, ya se había presentado una situación similar con el impuesto del alumbrado público.

En ese caso, se decidió suprimir el cobro de dicha contribución en la factura del servicio de energía y trasladarlo al recibo emitido por la empresa de acueducto y alcantarillado Triple A.

La medida comenzó a aplicarse en diciembre de 2024, en virtud de una resolución municipal que modificó el esquema de facturación para reducir el valor total que cancelan los usuarios del servicio eléctrico.

Conforme a lo establecido en esa disposición, actualmente solo están obligados a pagar el impuesto del alumbrado público los usuarios que pertenecen a los estratos 3, 4, 5 y 6, así como los clientes que desarrollan actividades comerciales e industriales.

Esto ha generado un nuevo esquema de distribución del cobro, con el cual se busca mantener los ingresos necesarios para el mantenimiento de la red de iluminación urbana, sin afectar en exceso los presupuestos de los hogares pertenecientes a los estratos más bajos.

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