Drummond niega acusaciones de financiar paramilitares tras señalamientos del ministro Sanguino

La controversia entre el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y la multinacional Drummond se intensificó este martes, luego de que el alto funcionario publicara un mensaje en redes sociales en el que acusó a la empresa de haber financiado a grupos paramilitares en Colombia.

En su publicación, citada por Semana, Sanguino afirmó que “la Drummond no solo financió paramilitares en Colombia: ahora pretende desafiar la soberanía y ponerse por encima de nuestra justicia. Sus dólares manchados de sangre no acallarán la verdad”. El comentario hizo referencia a un proceso en curso en la Corte Federal de Apelaciones del 11vo Circuito de Atlanta, donde se revisan presuntas vinculaciones de la compañía con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La multinacional rechazó de manera tajante los señalamientos a través de un comunicado en el que sostuvo que “jamás ha hecho ningún tipo de acuerdo con organizaciones al margen de la ley, y así lo demuestran los fallos a la fecha”. Además, pidió al ministro “no dejarse engañar por noticias manipuladas por un cartel de falsos testigos”.

Drummond Ltd Colombia, filial de la compañía estadounidense con sede en Birmingham (Alabama), ha estado durante años en el centro de polémicas relacionadas con su actividad minera y con investigaciones judiciales nacionales e internacionales. No obstante, la empresa insiste en que todas las acusaciones previas han sido desestimadas por falta de pruebas.

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Sanguino también aprovechó su mensaje para cuestionar el modelo extractivo en el país. “Este es el verdadero rostro del capitalismo salvaje y depredador: una empresa que se cree dueña de vidas, territorios y de las y los trabajadores colombianos”, escribió.

El enfrentamiento entre el ministro y la multinacional refleja las tensiones históricas alrededor de las empresas extractivas en Colombia, sus responsabilidades sociales y ambientales, y su papel en medio del conflicto armado. Mientras Drummond recalca sus programas de inversión social, generación de empleo y pago de regalías, el debate por las denuncias sobre supuestos vínculos con grupos armados ilegales sigue abierto.

El proceso judicial en Atlanta continuará su curso, mientras en Colombia crece la discusión sobre el alcance de los señalamientos y las repercusiones que puedan tener en la imagen de la compañía y en la política laboral del actual gobierno.

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