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Colombianos tendrían que trabajar 10 años más para pensionarse con nuevo decreto
Nuevo decreto haría más difícil pensionarse en Colombia, advierten gremios
Un proyecto normativo que prepara el Ministerio de Hacienda ha generado inquietudes entre los principales gremios del sistema pensional colombiano.
Asofondos y Fasecolda, representantes de los fondos privados de pensiones y del sector asegurador, advierten que el nuevo texto en borrador plantea cambios estructurales en el cálculo y la financiación de las pensiones que, de concretarse, reducirían la cobertura, bajarían los montos de las mesadas y limitarían el acceso a beneficios clave como las pensiones de invalidez y sobrevivencia.
De acuerdo con lo expresado por las organizaciones gremiales, el decreto en preparación trasladaría parte del costo que actualmente asume el Estado hacia los fondos de pensiones y sus afiliados.
En la práctica, esto significaría que los ciudadanos tendrían que aportar más recursos para poder acceder a una pensión similar a la que hoy podrían alcanzar bajo las reglas vigentes.
El eje central del proyecto gira en torno a los incrementos anuales del salario mínimo legal mensual vigente, que funcionan como referencia para ajustar las pensiones, especialmente aquellas que se conceden con base en un salario mínimo.
La normatividad actual establece que los fondos deben asumir el incremento correspondiente a la inflación y la productividad, mientras que el Gobierno cubre el porcentaje adicional que se otorga como aumento real —es decir, el componente que supera la inflación—, una cifra que varía anualmente según las decisiones que surgen de la mesa de concertación salarial o, en su defecto, del decreto presidencial.
En promedio, este esfuerzo fiscal por parte del Gobierno se ha traducido en transferencias cercanas a los 2 billones de pesos anuales, con el objetivo de garantizar que las pensiones de salario mínimo conserven su poder adquisitivo.
Sin embargo, el nuevo proyecto de decreto contempla modificar esta estructura, limitando la participación estatal en la financiación del incremento real.
Según los gremios, esta modificación comprometería la sostenibilidad del esquema actual y tendría efectos adversos sobre el número de personas que pueden acceder al beneficio pensional.
Entre los impactos más relevantes que Asofondos y Fasecolda anticipan están una reducción en el número de personas que podrían cumplir los requisitos para pensionarse, la disminución de los ingresos para quienes lo logren —en porcentajes que podrían alcanzar hasta un 20 % menos respecto al modelo actual—, y una afectación directa sobre los esquemas que permiten acceder a pensiones por invalidez o sobrevivencia.
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Los ajustes, según el contenido preliminar del decreto, solo se aplicarían a los nuevos pensionados dentro del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), gestionado por entidades privadas, y no modificarían las condiciones de quienes ya reciben una renta vitalicia.
No obstante, los gremios alertan que esto representaría una barrera significativa para millones de personas que hoy se encuentran afiliadas a dicho régimen, en especial porque los seguros previsionales, que son la fuente de financiación de las pensiones de invalidez y sobrevivencia, dejarían de ser viables para las aseguradoras en un contexto de menor respaldo estatal. Esto podría restringir el acceso a estos beneficios para cerca de 20 millones de afiliados.
El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, ha señalado que si se implementa la nueva normativa, los colombianos que quieran pensionarse mediante renta vitalicia tendrían que incrementar sus aportes en aproximadamente un 30 %.
En la práctica, esto implicaría prolongar su vida laboral hasta en una década o reunir un capital adicional cercano a los 100 millones de pesos para cumplir los requisitos.
Esta situación afectaría de manera particular a quienes no logran completar el número de semanas exigidas, pero sí cuentan con un capital que actualmente les permite pensionarse.
Desde el punto de vista constitucional, los gremios también manifiestan reparos. Alegan que la medida tendría un carácter regresivo, lo cual contraviene principios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de seguridad social.
Argumentan que una disposición que implique retrocesos en derechos adquiridos o que aumente las barreras de acceso a prestaciones sociales no puede considerarse ajustada al marco constitucional vigente.
En términos fiscales, el supuesto ahorro para el Estado que produciría el decreto sería temporal. Como el Gobierno tiene la obligación legal de garantizar las pensiones de invalidez y sobrevivencia, una reducción en los recursos que hoy se transfieren a través de seguros previsionales obligaría al Estado a responder directamente por estas obligaciones, generando un gasto superior en el mediano plazo. Se proyecta que el efecto acumulado de este desfase, en un periodo de diez años, podría alcanzar los 20 billones de pesos.
Los gremios del sector pensional han solicitado al Ministerio de Hacienda la creación de mesas técnicas para discutir el contenido del decreto y evaluar sus consecuencias desde una perspectiva técnica, jurídica y financiera.
Aseguran que, por la naturaleza del sistema pensional, cualquier cambio normativo debe considerar la interdependencia entre los distintos componentes del esquema regulatorio y evitar ajustes aislados que puedan desencadenar efectos no deseados.
El llamado final de Fasecolda y Asofondos se centra en la necesidad de mantener una visión sistémica y articulada del sistema de pensiones. Insisten en que las reformas deben ser evaluadas con rigor y con base en evidencia técnica, para no comprometer la estabilidad financiera del modelo ni perjudicar a los trabajadores que han contribuido durante años con la expectativa de recibir una protección adecuada en su vejez, o frente a situaciones de invalidez o fallecimiento.
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