CCI afirma que omisión del Gobierno Nacional pone en peligro proyectos estratégicos

De acuerdo con la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), la no corrección de los yerros del Decreto de Liquidación del Presupuesto asignado al sector transporte, pone en jaque proyectos estratégicos como la Primera Línea del Metro de Bogotá, la operación del Túnel de La Línea e, incluso, la licitación de la doble calzada Pasto-Popayán.

Si bien, el Gobierno Nacional realizó los pagos de vigencias futuras durante los años 2022 y 2023, en lo atinente a los peajes aún queda un ajuste pendiente, que se debe dar a más tardar el 1° de julio de 2024. La CCI confía en que dicho compromiso se cumpla.

A pesar de las afirmaciones del presidente Gustavo Petro respecto al cumplimiento de los contratos de concesión, la falta de desagregación de recursos en el decreto de liquidación de presupuesto para asegurar la inversión en proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) está paralizando su funcionamiento y la ejecución de obras.

La CCI ve con gran preocupación que, en el decreto de liquidación de presupuesto del año 2024, el Gobierno nacional omite la desagregación de $12,5 billones de pesos (parte de los ya mencionados $13,6 billones), violentando lo dispuesto en la Ley Orgánica de Presupuesto. Es la primera vez en la historia del país que tal situación se presenta, de acuerdo con la entidad.

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La discrecionalidad en el pago de vigencias futuras, anunciada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, plantea un escenario aún más inquietante. Esta medida podría dejar en vilo iniciativas clave para la competitividad y conectividad del país, como la Primera Línea del Metro de Bogotá. Es importante destacar que el pago de vigencias futuras tiene como objetivo asegurar recursos para proyectos financiados por el sector privado y no debería estar sujeto al avance físico de las obras.

La falta de expedición del Decreto de Liquidación ha generado una parálisis evidente en programas vitales del Invías, como el mantenimiento rutinario de vías nacionales no concesionadas, dejando sin trabajo a miles de microempresarios. Además, la suspensión de procesos licitatorios y la imposibilidad de pago están afectando la continuidad de obras esenciales en todo el país.

Cabe recordar que las vigencias futuras cumplen un propósito de financiación para garantizar los recursos que suministra el capital privado, por lo que nada tiene que ver el pago de tales vigencias con el ritmo de ejecución de las obras. De existir atrasos en la ejecución de estas últimas, existen mecanismos contractuales y administrativos idóneos, regulados por la Ley, para sancionar dicho atraso. 

Consecuencias a la vista

La no expedición del Decreto de liquidación ha llevado a que la parálisis ya se sienta en varios programas del Instituto Nacional de Vías como el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, lo cual ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios, cuyos contratos tuvieron que ser suspendidos desde el 31 de enero de este año, porque no es posible adicionar los contratos.

También fueron suspendidos los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para 2024 es de 267 mil millones de pesos, porque no es posible la ratificación de las vigencias futuras ya aprobadas.

Advierte la CCI que el Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas, porque no cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), requisito indispensable para abrir las licitaciones. Esta situación podría llevar a suspender el tránsito por importantes corredores viales, como el cruce por el túnel de La Línea, cuyo contrato vence el próximo mes de marzo. En ese caso, el túnel tendría que cerrarse. 

En cuanto a los proyectos en ejecución de programas denominados ‘Legalidad y reactivación’, al no poder el Invías expedir los registros presupuestales del año 2024, por dos billones de pesos, causaría la suspensión de todas las obras por la imposibilidad de su pago, como está ocurriendo con las actas de las intervenciones realizadas en enero de este año. 

Lo anterior, afecta 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional como la variante San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), la vía Popayán-Isnos (Cauca-Huila), San José del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo, Conexión Alta Guajira, entre otros proyectos. 

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Así mismo, también pone en jaque la marcha del programa del Gobierno nacional, denominado ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’, durante el 2024; e impide la contratación de cerca de 1.000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el Invías, quienes no están vinculados desde el pasado mes de diciembre.

Preocupa a la CCI que los rigurosos procesos de interventoría de los proyectos se degraden o se desnaturalicen, mediante la utilización de herramientas, tales como sobrevuelos costosos e informales de los funcionarios, centrados en simples vistas o exámenes aéreos, que excluyen los procesos de cimentación de las obras. 

A la luz de todo lo anterior, queda en grave evidencia el hecho de que la confianza inversionista y la seguridad jurídica, se verían seriamente lesionadas. Esta circunstancia podría, no solo poner un freno de mano al propósito inaplazable de la reactivación económica, sino también a la continuidad y avance de un modelo -el de las APP- que, durante los últimos 30 años, ha permitido para bien, superar un rezago de 100 años en materia de infraestructura de transporte.  

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