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Carf advierte sobre desequilibrio fiscal: ingresos del Gobierno no alcanzan y gastos se disparan
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal alertó que el gasto público supera los niveles históricos mientras los ingresos están muy por debajo de lo requerido, lo que pone en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal en 2025.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) emitió una preocupante advertencia sobre el estado de las finanzas públicas en Colombia al iniciar 2025. Según su más reciente informe, el Gobierno nacional enfrenta un desequilibrio creciente: mientras los ingresos avanzan a paso lento, los gastos se han acelerado considerablemente, dejando al Estado con una caja fiscal cada vez más estrecha.
A febrero, los ingresos crecían apenas un 6,2 %, muy por debajo del 22,7 % necesario para cumplir con las metas establecidas por la regla fiscal. En contraste, los niveles de gasto del Gobierno son significativamente superiores al promedio de los últimos cinco años. Además, el panorama se agrava con el aumento en el costo de la deuda: entre febrero y marzo, las tasas de interés se incrementaron en 80 puntos básicos, reflejando una mayor percepción de riesgo sobre el país en los mercados internacionales.
“El país enfrenta una presión creciente por el pago de intereses, lo cual reduce el margen para gasto social o el funcionamiento del Estado”, indicó el Carf, señalando que los Credit Default Swaps (CDS) colombianos han subido más rápido que los de otras economías comparables.
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Ante esta situación, el organismo autónomo urgió al Ejecutivo a tomar medidas “oportunas” de ajuste en materia de ingresos o gastos para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal. Entre las alternativas analizadas se encuentra un posible aumento de la retención en la fuente, que podría generar ingresos adicionales por 13,9 billones de pesos. Sin embargo, expertos como Fedesarrollo advierten que esta medida representaría un anticipo de los ingresos de 2026, lo que podría comprometer las finanzas del próximo gobierno.
En medio de este panorama, el Gobierno enfrenta el reto de adoptar decisiones difíciles que aseguren la sostenibilidad fiscal sin afectar la inversión social ni deteriorar aún más la confianza de los mercados.
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