Anif lanza alerta: impuesto del 1,5% a transferencias digitales pondría en riesgo la inclusión financiera

El más reciente informe de Anif encendió las alarmas sobre la propuesta del Gobierno de imponer un impuesto del 1,5% a las transferencias electrónicas. Según el centro de estudios, la medida pondría en riesgo los avances logrados en inclusión financiera y digitalización del sistema de pagos, al desincentivar el uso de herramientas tecnológicas frente al efectivo.

El análisis sostiene que la medida del Ministerio de Hacienda, que busca unificar la retención en la fuente sobre pagos digitales y con tarjeta, terminaría castigando a quienes optan por medios electrónicos, un canal que el país intenta fortalecer desde hace años. “Los incentivos terminan puestos en el lugar equivocado”, señaló el documento, advirtiendo que el efectivo volvería a ganar terreno.

El sistema Bre-B del Banco de la República, creado para permitir transferencias inmediatas entre bancos y mejorar la interoperabilidad, sería uno de los proyectos más afectados. Este esquema, inspirado en el modelo brasileño Pix, busca reducir costos y ampliar la inclusión financiera, pero Anif advierte que su adopción podría frenarse si las operaciones digitales se encarecen.

Lea también: (CNE rechaza ataque de Benedetti tras llamarlos “politiqueros y chantajistas”)

El informe recuerda que más del 60% de los trabajadores en Colombia sigue en la informalidad y que millones de transacciones aún se realizan fuera del sistema financiero. En ese contexto, un impuesto que encarezca las operaciones digitales, según el centro, “va en contravía de los esfuerzos por cerrar la brecha de formalidad y bancarización”.

Para Anif, la política fiscal debe ser coherente con la transformación digital. Penalizar los pagos electrónicos afectaría la competitividad del sistema financiero, la innovación y la trazabilidad de los recursos. “Eliminar la retención del 1,5%, en lugar de ampliarla, generaría beneficios fiscales y de eficiencia a largo plazo”, afirma el estudio.

Las proyecciones del centro de estudios indican que si el impuesto se elimina, el Estado perdería $5.621 millones en 2026, pero recuperaría el terreno con creces en los años siguientes. Hacia 2034, el impacto acumulado sería positivo en más de $223.000 millones, impulsado por la formalización y el mayor dinamismo comercial.

El documento también resalta que la revolución digital del sistema financiero colombiano —en marcha desde hace más de una década— no puede verse afectada por decisiones tributarias de corto plazo. “La confianza en los pagos digitales requiere consistencia regulatoria y estabilidad fiscal”, subraya el informe.

Anif concluyó que el verdadero motor del crecimiento no está en los impuestos transaccionales, sino en una economía digital sólida, inclusiva y formal. “Gravar los pagos electrónicos hoy sería como cobrar peaje en plena autopista de la transformación financiera”, sentenció el centro de análisis.

Otras noticias