Así va el proceso por el atentado hace cinco años a Escuela General Santander que dejó 22 cadetes muertos

El 17 de enero de 2019 se registró un suceso que marcó profundamente a Colombia: un carro bomba ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, resultando en la muerte de 22 cadetes y 89 heridos.

Este acto fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN). A cinco años de este trágico evento, la situación ha evolucionado de forma que ha generado profunda consternación entre los familiares de las víctimas, quienes continúan en su búsqueda incansable de justicia.

El 20 de febrero de 2023, un juzgado emitió un fallo que resultó en la liberación de los cinco presuntos responsables del atentado, basado en el vencimiento de términos. Este hecho ha acentuado el sentimiento de impunidad y ha motivado a los familiares a alzar su voz en busca de respuestas y acciones concretas por parte del Gobierno colombiano.

Durante una conmemoración realizada el 17 de enero de 2024 en la misma escuela, los familiares expresaron su descontento y desesperanza ante la falta de avances significativos en las investigaciones. 

Personajes como Claudia Peláez, madre del subteniente Diego Peláez, y Francisco Javier Marulanda, padre del cadete Juan Esteban Marulanda Orozco, se han convertido en voces representativas de este clamor por justicia.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y del director de la Policía, el general William René Salamanca, quienes escucharon las peticiones de los familiares. 

El acto se caracterizó por un ambiente de recuerdo y respeto hacia los caídos, con la iluminación de 22 velas en su memoria y discursos que enfatizaron la importancia de la verdad y la justicia en el camino hacia la reconciliación.

A pesar de las promesas de reuniones futuras y diálogos con el Gobierno, los familiares se mantienen escépticos, reflexionando sobre la falta de credibilidad de la justicia en Colombia, especialmente en casos de tal magnitud. 

Esta situación ha puesto en evidencia la necesidad de un sistema judicial más eficiente y justo, que no solo responda a las demandas de los afectados, sino que también prevenga la repetición de actos tan atroces.

La comunidad internacional y organizaciones defensoras de los derechos humanos han puesto sus ojos en este caso, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad y por la memoria de las víctimas de la violencia en Colombia. 

Los acontecimientos alrededor de este atentado y sus repercusiones continúan siendo un tema de relevante interés público y un recordatorio de la urgencia de fortalecer las instituciones judiciales y de seguridad en el país.

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