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Fiscalía investiga a Juliana Guerrero por presunta falsedad en su título universitario
Indagación también contra la Fundación San José.

La Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar contra Juliana Guerrero, quien recientemente ocupó un cargo en el Gobierno nacional, y contra varios integrantes de la Fundación Universitaria San José, por su posible responsabilidad en la expedición de un título universitario sin el cumplimiento de requisitos legales exigidos por el sistema educativo colombiano.
La actuación de la Fiscalía se da tras una denuncia presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien adjuntó documentación oficial que daría cuenta de la supuesta falsedad del título de contadora pública que ostenta Guerrero.
El proceso penal incluye los delitos de falsedad en documento privado, falsedad personal y fraude procesal, en relación con el procedimiento mediante el cual Guerrero habría obtenido el título profesional.
En el centro de la controversia se encuentra la ausencia del examen Saber Pro, obligatorio para quienes aspiran a graduarse en carreras universitarias, según lo dispuesto por la normativa del Ministerio de Educación Nacional.
La representante Pedraza elevó la denuncia con base en una certificación expedida por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), la cual fue entregada por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El documento, firmado por el director de Tecnología e Información de dicha entidad, Luis Rodrigo Cadavid, establece que no existe registro de que Juliana Guerrero haya presentado la prueba Saber Pro ni el examen Técnico y Tecnológico (TyT).
La ausencia de estos datos pone en entredicho la legalidad del proceso de graduación avalado por la Fundación Universitaria San José.
Adicionalmente, el Ministerio de Educación Nacional remitió una respuesta oficial en la que señala que en la plataforma del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) no hay evidencia alguna de que Guerrero figure como estudiante activa o egresada de dicha institución.
El informe también precisa que no consta matrícula ni registro académico asociado a la joven en esa casa de estudios.
A este señalamiento se suma la admisión del secretario general de la universidad, quien confirmó públicamente que dentro del proceso administrativo de titulación se habrían presentado “irregularidades”.
El asunto trascendió a la esfera política luego de que el presidente Gustavo Petro se pronunciara en la red social X.
En su mensaje, el jefe de Estado planteó una interpretación de los hechos, afirmando que la joven estaba inscrita para presentar el examen en una fecha posterior, por lo que su título, en su opinión, sería consecuencia de haber cumplido con los estudios y estar pendiente únicamente de dicho examen.
Petro escribió: “Entonces el examen para graduarse Juliana, después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?”
La congresista Pedraza respondió al comentario presidencial cuestionando lo que consideró un intento de minimizar la gravedad del caso.
En su intervención pública acusó al mandatario de ignorar intencionalmente lo que calificó como un acto de corrupción, al tiempo que comparó la situación de Guerrero con otros casos de falsedad en títulos universitarios que han tenido relevancia en la opinión pública, como los de Jennifer Arias o Julián Bedoya.
En otro pronunciamiento, Pedraza expresó que demandará formalmente el nombramiento de Guerrero, al considerar que se hizo a pesar de los indicios de irregularidad.
Juliana Guerrero, por su parte, concedió una entrevista al diario El Colombiano en la que admitió que no ha presentado el examen Saber Pro, pero aseguró no haber cometido ninguna conducta fraudulenta.
Indicó que el proceso de grado fue gestionado directamente por la universidad y que ella no puede ser responsabilizada por las decisiones internas adoptadas por esa institución educativa.
Según sus declaraciones, la única prueba pendiente para formalizar su egreso académico es el Saber Pro, cuya aplicación estaba programada para noviembre, por lo que espera cumplir con ese paso para normalizar su situación académica.
Guerrero también mencionó que, durante el proceso de grado, envió a la universidad una fotografía del registro de inscripción al examen Saber Pro y que, con base en eso, la institución le autorizó el acto de graduación.
Sostuvo que su hoja de vida fue actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) de manera posterior al grado, razón por la cual, según ella, se generó una publicación adelantada del título profesional que aún no se encontraba formalmente soportado con el acta de grado ni con el diploma impreso.
En el mismo espacio periodístico, Guerrero relató que culminó sus estudios universitarios mientras trabajaba en el Ministerio del Interior, y que asumió los costos académicos con recursos propios.
Enfatizó que su intención nunca fue falsear información y que fue la universidad la que decidió autorizar la graduación antes de que ella cumpliera con todos los requisitos, entre ellos el examen obligatorio.
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