Consejo de Estado definirá futuro de Leopoldo Múnera en rectoría de la Universidad Nacional

La Universidad Nacional de Colombia vive una de las encrucijadas más decisivas de su historia reciente. Mientras avanza su llamada “Constituyente Universitaria”, la atención de la comunidad académica está puesta en el Consejo de Estado, que lleva más de un año y medio estudiando dos demandas contra las elecciones que definieron a su rector. El fallo no solo resolverá la disputa sobre el liderazgo de Leopoldo Múnera, actual rector, sino que también tendrá repercusiones directas sobre el proceso de reforma interna que busca “democratizar el gobierno y la vida universitaria”.

La controversia se remonta a marzo de 2024, cuando el Consejo Superior Universitario (CSU) eligió como rector a José Ismael Peña, pese a que en la consulta no vinculante había resultado ganador Leopoldo Múnera, con el 34,3% de los votos frente al 8,3% de Peña. La decisión provocó protestas estudiantiles y la intervención del propio presidente Gustavo Petro, así como la renuncia de la representante estudiantil en el CSU, Sara Jiménez.

La situación escaló cuando el Ministerio de Educación se negó a firmar la posesión de Peña —quien terminó juramentándose en una notaría de Bogotá— y, posteriormente, el CSU revocó su elección y designó a Múnera como rector para el periodo 2024-2027. Ambas decisiones fueron demandadas ante el Consejo de Estado, alegando irregularidades jurídicas.

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La demanda contra la elección de Peña, presentada por el abogado Rodrigo Uprimny, sostiene que el CSU no justificó por qué desconoció el resultado de la consulta a la comunidad académica, que favorecía a Múnera.

Por otro lado, las demandas contra la designación de Múnera señalan que el CSU no podía anular la elección de Peña, pues esta gozaba de presunción de legalidad y solo podía ser revertida por una decisión judicial. En consecuencia, el nombramiento de Múnera se considera una vulneración al debido proceso.

El 5 de agosto de 2025, el Consejo de Estado negó un recurso que pedía trasladar el caso de la Sección Quinta a la Sala Plena, despejando el camino hacia un fallo definitivo. Ese mismo día, la Procuraduría General emitió un concepto contundente: la elección de Múnera fue irregular porque desconoció el ordenamiento jurídico y vulneró el derecho al debido proceso.

Mientras tanto, la Universidad Nacional avanza en su “Constituyente Universitaria”, un proceso de reforma institucional que busca actualizar sus normas y dar mayor peso a las consultas, aunque sin convertirlas en elecciones directas. Sin embargo, su futuro está ligado a la permanencia de Múnera en el cargo.

El Consejo de Estado tiene dos caminos: declarar ilegales las dos elecciones, lo que obligaría a reiniciar el proceso desde cero; o validar una y anular la otra. Lo único imposible, advierten expertos, es que ambas sean consideradas legales.

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